Cada vez, las mujeres ocupan más cargos de poder en distintas esferas de la vida social, entre ellas, la política. Sin embargo, este avance ha ido de la mano con formas de violencia destinadas a frenar el avance de las mujeres en la política.
Es un fenómeno que se presenta de manera sistemática y tiene como propósito impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de la participación o la representación en política de las mujeres, sin importar su ideología. Esta violencia comprende acciones o conductas que vulneran el goce y ejercicio de sus derechos políticos y tienen como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
En Colombia, esta forma de violencia ejercida en contra de las mujeres ha logrado un nivel de visibilidad desde la política institucional que ha logrado se construyan propuestas para abordar este fenómeno.
Aquí te presentamos algunas de las iniciativas que buscan visibilizar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política:
El primer intento de establecer y dictar normas para controlar, vigilar y sancionar los actos de violencia fue el Proyecto de Ley 026, que se radicó en 2018 y terminó archivado.
Al año siguiente, como segundo intento, se radicó el Proyecto de Ley 004, que en junio del 2020 fue aprobado en primer debate y sigue en trámite.
En junio del 2020, en la Cámara de Representantes, se radicó el Proyecto de Ley 050 con el fin de establecer medidas de prevencion y erradicacion de la violencia contra las mujeres en la vida politica, el que aún debe tramitarse en el Congreso.
Más avance ha tenido el proyecto de reforma al Código Electoral, que se radicó en agosto del 2020 e incluye un artículo específico en el que se define la VCMP, ya que fue aprobado por el Congreso de la República y se encuentra en revisión de la Corte Constitucional.
También lo hizo el Consejo Nacional Electoral con el apoyo de ONU Mujeres y el Instituto Nacional Demócrata al elaborar una cartilla llamada elaboraron una cartilla llamada “Aproximación a una Ruta pedagógica, preventiva e institucional para la atención de la Violencia contra Mujeres en Política en Razón de Género”.
En este documento, se consignan aproximaciones conceptuales, además del marco jurídico nacional e internacional, una serie de análisis de casos y algunas propuestas para construir un plan de acción interinstitucional, que posibilite prevenir y a hacer frente a la violencia.
📖 Te compartimos aquí el documento completo “Aproximación a una Ruta pedagógica, preventiva e institucional para la atención de la Violencia contra Mujeres en Política en Razón de Género” 👇🏾
CNEONU%20MujeresNDI%202020%20Aproximacin%20a%20una%20Ruta%20para%20la%20Atencin%20de%20la%20VCMP
La violencia contra las mujeres en política se manifiesta en amenazas o agresiones directas, entre las que se incluyen: difamar, criminalizar, deslegitimar, discriminar, reproducir estereotipos de género, proporcionar datos falsos, restringir el uso de la palabra, dañar material de campaña, agredir sexualmente, golpear, cometer feminicidio, entre otras.
“Las vaginas del Senado se llenaron de malos pensamientos”. La frase la pronunció el Conservador Roberto Gerlein en una sesión plenaria del Senado, en 1998, y fue su argumento para controvertir a Piedad Cordoba y Viviane Morales que en ese entonces señalaban de corrupción al presidente de la época, Andres Pastrana Arango. “Que la senadora se preocupe por sus calzoncillos…”, fue el trino que el senador Ernesto Macías le pidió a su colega Claudia López preocuparse de sus asuntos, en lugar de referirse al Centro Democratico.
En definitiva, estas acciones son muestra de las resistencias que persisten en un panorama en el que la participación de las mujeres en espacios políticos ha ido en aumento de manera paulatina. En este contexto, existen entornos desde los cuales se reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, con los que se pretende menoscabar y desincentivar la participación de las mujeres en el espacio político.
Las acciones violentas se pueden clasificar en las siguientes formas de violencia:
La participación de las mujeres en el ámbito político representa un desafío a los roles tradicionales. Este tipo de violencia se ejerce como forma de castigo a las mujeres por no ajustarse a los roles de género que han sido construidos social y culturalmente. Las acciones violentas configuran barreras para la consolidación de liderazgos, restando visibilidad a los aportes de las mujeres en el escenario político, debilitando así sus capacidades de activismo e incidencia política. Lo que profundiza las desigualdades entre hombres y mujeres, y aumenta la brecha en la participación política. Lo anterior, se ve reflejado no solo en la disminución de aspirantes a cargos políticos, sino también en la reducción de la participación como votantes.
Para prevenir este tipo de violencia, así como sancionar a las personas agresoras y proteger y reparar a las víctimas, garantizando la no repetición de estas acciones, es importante diseñar protocolos y medidas de atención integral al interior de las organizaciones sociales y políticas. Por un lado, entre las buenas prácticas para hacer frente a la VCMP es importante:
Las medidas para hacer frente a la VCMP se deberán considerar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y ser tomadas desde una perspectiva de género y el enfoque de derechos de las mujeres. Las siguientes medidas son una propuesta para disminuir estas brechas .
| Medidas de prevención |
|
| Medidas de protección |
|
| Medidas sancionatorias |
|
| Medidas de reparación integral y no repetición |
|
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha elaborado un “Protocolo para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en política en Colombia”, en el cual presentan una serie de recomendaciones para establecer y adoptar protocolos y rutas de atención. Estas recomendaciones se centran en el rol de instituciones como los partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Secretarías de la Mujer y las corporaciones públicas. De esta manera las instituciones se encargan, de garantizar y proteger los derechos políticos de toda la ciudadanía.
📖 Aquí puedes leer el Protocolo para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en política en Colombia 👇🏾
Por Nathali Rátiva Martínez*
Aunque la violencia contra las mujeres en política (VCMP) es un fenómeno padecido desde hace mucho tiempo por las mujeres que habitan la política y ejercen liderazgos sociales en sus comunidades, este solo ha surgido como un problema conceptual desde hace muy poco en la región latinoamericana.
Bolivia fue el primer país en abordar este tipo de violencia de manera diferencial en el año 2000 y, desde entonces, académicas, organizaciones de mujeres, feministas y lideresas políticas han hecho grandes esfuerzos por conceptualizar lo que hoy se conoce como uno de los principales obstáculos para la participación política de las mujeres.
En Colombia, desde el año 2016, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria –NIMD- ha trabajado de la mano con entidades del gobierno y la cooperación internacional para caracterizar este tipo de violencia en el país. A la fecha, NIMD ha producido dos informes a través de los cuales ha contribuido, por un lado, a delimitar conceptualmente el fenómeno y, por el otro, a entender en la práctica sus consecuencias en la vida de las mujeres y sus liderazgos.
Las amenazas, los insultos, la intimidación, la negación del uso de la palabra, el acoso sexual, la restricción de los recursos para el ejercicio efectivo de cargos políticos, las golpizas y, en los casos más extremos, la muerte, no son actos aislados o esporádicos; por el contrario, son sistemáticos y forman parte de las manifestaciones de esta violencia que NIMD ha logrado rastrear en sus informes.
Cabe resaltar que la VCMP es entendida como:
Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica. Así mismo, que tenga por objeto o resultado menoscabar, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo.
La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica (Proyecto de Ley 234/20 de Senado – Proyecto de Ley Estatutaria 409/20 de Cámara de Representantes).
Por ende, la VCMP es el efecto no deseado de la participación política de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones. Además evidencia las resistencias de aquellos que se niegan a redistribuir el poder de manera equitativa.
Esta violencia tiene múltiples consecuencias en Colombia: socava la democracia al impedir el pluralismo político y la multiplicidad de voces, condición necesaria para una representatividad incluyente; limita la consolidación de los liderazgos femeninos y sus carreras políticas; impide que las agendas de las mujeres lleguen a planes, políticas y programas de gobierno al restringir su participación en el escenario político; genera graves efectos emocionales y psicológicos en la vida de las mujeres y de sus familias; y, finalmente, cuando esta violencia alcanza su principal objetivo, se pierde del aporte de las mujeres a la construcción de país.
Hoy 6,8 de cada 10 mujeres en Colombia son víctimas de la VCMP. La cifra enciende las alarmas frente a las actuaciones del Estado para prevenir esta violencia, reparar a las víctimas y garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Con el propósito de ayudar a superar estos retos, desde NIMD, y en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se ha puesto en marcha el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, un espacio que analiza de manera cuantitativa y cualitativa este fenómeno, entendiendo que la democracia, sin la participación de las mujeres, siempre estará incompleta.
* Nathali Rátiva Martínez es comunicadora social y periodista, magister en servicios públicos y políticas sociales de la Universidad de Salamanca, y candidata a doctora en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la misma universidad. Actualmente es oficial en equidad de género del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y coordinadora del programa Leap for Peace.
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), es una organización fundada por los partidos políticos de Países Bajos, que busca fortalecer el sistema, los actores y la cultura política, además de facilitar la cooperación entre actores cívicos y políticos. Desde que inició sus labores en el año 2010 se ha encargado de brindar asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y programático de los partidos y movimientos políticos, instituciones públicas y corporaciones de elección popular. Adicionalmente, ha buscado fortalecer las capacidades democráticas de actores cívicos y políticos, mediante la realización de escuelas de democracia, con el objetivo de crear valor público.