Como ya se ha dicho, es posible identificar diversas injusticias económicas de género, especialmente al mirar de una forma integral a la economía en todas sus dimensiones, en forma amplia, tanto la que produce bienes y servicios, como la contribución que hacen los hogares a la reproducción social.  En este sentido, surgen como temas esenciales los dos trabajos que realizan las mujeres, en el mercado de trabajo remunerado y en el trabajo reproductivo no pagado,  y  las pensiones, como uno de los pilares de la seguridad social que requieren hombres y mujeres.

Los dos trabajos que realizan las mujeres: mercantil y reproductivo no pagado

Trabajo reproductivo no pagado: la crisis de los cuidados 

El sistema de cuidado está en crisis en nuestro país porque las mujeres han aumentado rápidamente su participación en el mercado laboral, en un sistema que no se compromete con los cuidados ni en lo público, ni en los hogares, ni comunitariamente. El ajuste se está dando en el aumento de los tiempos de trabajo de las mujeres, que no tienen descanso entre sus dos trabajos: mercantil y familiar. 

En 2015, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INE (ENUT), los hombres ocupados trabajaban 8,64 horas en su empleo y en labores para el hogar en un día tipo (trabajo global), en tanto las mujeres ocupadas empleaban 10,54 horas por día tipo en sus dos trabajos. Las ocupadas tienen una carga mayor de trabajo para el hogar y el bienestar de la familia y al mismo tiempo jornadas más cortas, en promedio, en el trabajo remunerado. 

En 2018, la jornada semanal promedio en el trabajo remunerado fue de 43,5 horas para los hombres y 38,1 para las mujeres. 

También están las mujeres que deciden (o se imponen) no trabajar en el mercado y trabajar solamente para el hogar. En 2018 (promedio anual) hubo 4.914.178 hombres y 3.475.733 mujeres, de 15 y más años, en el mercado laboral. Aproximadamente 1.400.000 mujeres menos que los hombres. Comparando las razones por las que hombres y mujeres no trabajan remuneradamente, encontramos un desbalance que complementa el anterior. Entre otras razones, hay 44.510 hombres y 1.388.592 mujeres que se declaran fuera de la fuerza de trabajo por “razones familiares permanentes”. ¿Qué podemos decir del reparto del trabajo doméstico, de gestión, de cuidado, entre hombres y mujeres? Si las “razones familiares” se resolvieran más amigablemente para las mujeres en la sociedad y en las familias, desaparecerían las diferencias en la participación laboral por sexo. 

La carga de trabajo doméstico y de cuidado en los hogares es mayor que la señalada y, en parte, se resuelve por mujeres asalariadas: en 2018 hubo 285.124 mujeres y 7.322 hombres clasificados como “Personal de servicio doméstico”, según los datos proporcionados por el INE.

El trabajo remunerado

Para fines analíticos, en esta parte hablaremos de las dificultades y desventajas que enfrentan las mujeres al ingresar al trabajo remunerado, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la mayor parte de ellas están relacionadas con el “otro” trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, que no es remunerado.

Las dificultades en la inserción al mercado del trabajo remunerado de las mujeres se expresan de distintas maneras: 

1. En la brecha en las tasas de participación laboral que presentan hombres y mujeres. En 2019, antes de la pandemia, la participación laboral femenina era de un 52,7% y la masculina era de un 73,8%; la brecha era de 21,1 puntos porcentuales (INE-ENE).
2. En las mayores tasas de desempleo de las mujeres, en 2019, la tasa de desocupación de las mujeres era de un 7,7% y la de los hombres era de un 6,6% (INE-ENE); en los tipos de trabajos remunerados a los que acceden y en sus trayectorias laborales, inestables e interrumpidas. 

En relación con las dificultades una vez insertas en el trabajo remunerado, ellas acceden a empleos de peor calidad y más precarios:

• Trabajos de jornada parcial: 28% de las mujeres trabaja en jornada parcial, hasta 30 horas, proporcionalmente el doble que los varones (INE – ENE, oct-dic. 2019).
• Empleos temporales, informales y externalizados: el 10,5% de las trabajadoras dependientes son contratadas por empresas de servicios temporales y un 7,6% por un contratista o subcontratista (INE – ENE, oct-dic. 2019).
• Reciben menos salarios y la brecha de género en el ingreso medio es de un -28,1% (INE – ESI, 2019).

Los procesos de división sexual del trabajo al interior de los hogares están relacionados con la segregación ocupacional y la discriminación social presentes en la estructura del mercado laboral. Las mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones específicas menos valoradas social y económicamente –segregación de tipo horizontal-: tres de cada cuatro ocupadas (74,8%) en 2019 trabajaba en siete de las quince ramas de actividad económica, principalmente en:

• Sector comercio (21,7%).
• Enseñanza (15%).
• Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (10.8%).
• Hogares como empleadores (8,4%). 

Por otra parte, existe la segregación de tipo vertical, que alude a una desigual distribución y concentración de mujeres y hombres en los niveles de poder de decisión, de mando y de responsabilidad. Las mujeres están menos representadas en los puestos de trabajo de alta responsabilidad. Todas estas desventajas mencionadas van a tener consecuencias al momento de pensionarse.

Las pensiones

La seguridad social es un instrumento de justicia social y ha sido considerada como un derecho fundamental. Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (OIT). 

La seguridad social incluye, entre sus principios, el de la universalidad, es decir, proteger la integralidad de las personas. Sin embargo, en la mayor parte de los países operan, en general, a partir de la presencia de seguros sociales que se basan en el impuesto al salario: cada trabajador o trabajadora y su empleador aportan al sostenimiento del sistema, determinando las formas en que se distribuirán las oportunidades entre los distintos miembros de la sociedad. 

En el caso de las mujeres, la injusticia se deriva de la falta de reconocimiento del trabajo reproductivo, su menor inserción en el trabajo remunerado y en condiciones más desventajosas.

Las pensiones como parte de la seguridad social son un mecanismo de protección social para proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de autogeneración debido a la edad avanzada (derechos y beneficios de vejez), discapacidad (derechos y beneficios de invalidez) o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingresos de una familia (derechos y beneficios de sobrevivencia). 

Desarrollo del sistema de pensiones en Chile

En el caso de Chile, el sistema de pensiones en el año 1980 fue cambiado desde un sistema de reparto que existía hasta ese momento por uno de capitalización individual o ahorro forzado, a través del cual se financian las pensiones de las y los trabajadores chilenos y que son administradas por entidades privadas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

Luego de veinticinco años, comenzó una preocupación respecto del funcionamiento del sistema de capitalización individual, de modo que se planteó identificar e implementar reformas necesarias para mejorar su desempeño. Es así como se comenzó a percibir la necesidad de ampliar la cobertura de las pensiones, mejorar el monto de los pagos, atender a la población más vulnerable y a quienes no están cubiertas, o bien trabajan en empleos informales o en labores domésticas en sus hogares. 

En 2008 se introduce un pilar solidario, administrado y subsidiado por el Estado. El pilar solidario tiene dos tipos de pensiones: la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS) que es una transferencia para las/los adultos mayores de 65 años pertenecientes al 60% más pobre y el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) que es un complemento a las jubilaciones más bajas para la población perteneciente al 60% más pobre. 

Diez años después, cuando ya se estaban pagando casi un millón de pensiones de vejez, por edad y anticipadas, y ya existía una primera generación que ha cotizado íntegramente en el sistema de cuentas individuales en las AFP, la Fundación SOL realizó una evaluación luego de cuarenta años de funcionamiento del sistema. El diagnóstico es muy preocupante, pues los montos de las pensiones son absolutamente insuficientes, problema que se agrava aún más en el caso de las mujeres: “… prácticamente el 80% de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y solo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $472 mil”.

El fracaso del actual sistema de pensiones fue una de las demandas que se expresaron en estallido social de octubre de 2019 y anteriormente hubo varias marchas históricas, convocadas por la coordinadora “No más AFP”. Las razones de los pésimos resultados son variadas, una parte relevante de las desigualdades se derivan del sistema de pensiones mismo, su concepción, diseño y funcionamiento y afecta a todas las personas que se pensionan, pues los riesgos de la vejez están individualizados y no existe un principio de un seguro social con transferencias intergeneracionales, entre personas de ingresos altos y bajos, entre hombres y mujeres. El sistema, tal como fue diseñado, tiene una lógica individualista en que cada afiliada/o, puede “decidir” en cuál de los fondos quiere permanecer, a qué edad se va a pensionar, si quiere/puede ahorrar para eventualmente incrementar su pensión y solo considera el trabajo productivo y formal realizado durante la vida laboral. 

Mayor perjuicio para las mujeres

A pesar de que se han introducido algunas modificaciones al sistema de capitalización individual para corregir las desigualdades de género, como es el pilar solidario, el bono por hijo y la compensación por divorcio, las evaluaciones realizadas dan cuenta de la dramática situación de las mujeres al momento de pensionarse. Los factores que explican esta desigualdad en las pensiones de vejez se derivan básicamente del diseño y funcionamiento del sistema de AFP mismo, de las posiciones de género y relaciones de poder desiguales, y de las condiciones desventajosas que enfrentan las mujeres en el mercado del trabajo. 

En relación con el diseño y funcionamiento del sistema de AFP, el hecho que el financiamiento del sistema sea en base al ahorro individual, perjudica a las mujeres. Ellas tienen menos años para acumular fondos en sus cuentas individuales, por la menor edad de retiro de las mujeres a los 60 años; porque tienen un promedio de expectativa de vida mayor, son castigadas al aplicarles tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo del monto de la pensión.  

En segundo lugar, las posiciones de género y relaciones de poder desiguales, el sistema de pensiones de AFP no garantiza los ahorros previsionales y el derecho a prestaciones suficientes, al ser valorado exclusivamente el trabajo productivo que se realiza para el mercado y no considera el conjunto de tareas que se realizan primordialmente fuera del mercado en la esfera privada del hogar, como son el trabajo doméstico y de cuidados de cargo de las mujeres. Todo ello implica interrupciones laborales de las mujeres en edades reproductivas y/o de crianza por los permisos maternales, por ejemplo, y de aquellas que tienen la responsabilidad de cuidar a adultos mayores o enfermos dependientes. 

Por último, las condiciones que enfrentan las mujeres en el mercado del trabajo: el mercado de trabajo remunerado en Chile es muy heterogéneo, por lo tanto, no es posible generalizar, dada la gran desigualdad económica y social de la población. Sin embargo, en el caso de las mujeres es importante considerar que existen problemas estructurales, como es la división sexual del trabajo y la inequitativa distribución del trabajo doméstico y de cuidados en las familias, que se manifiestan en el acceso desigual y en el tipo de inserción al trabajo remunerado.