En el debate constitucional proponemos:

• Promover el reconocimiento constitucional de los derechos económicos y sociales de toda la población, considerando especialmente la realidad de las mujeres migrantes, pobres, rurales (campesinas y asalariadas), indígenas, disidencias sexuales y en situación de discapacidad, garantizando cupos específicos donde y cuando lo demanden dichos colectivos. 
• Asegurar el abastecimiento de algunos bienes básicos y que la población tenga voz e influencia paritaria en las decisiones sobre la disponibilidad de bienes comunes a los que no puede afectar la propiedad privada, como el agua, el aire sin contaminar, la costa marítima y de lagos, la fauna. 
• Incluir en la nueva constitución los principios de: dignidad, igualdad sustantiva, no-discriminación, solidaridad, libertad y autonomía, paridad de género, pluralismo y el derecho al cuidado y al buen vivir.
• Acordar y redactar los derechos fundamentales de las mujeres en conformidad con su reconocimiento y contenido en los tratados internacionales de los derechos humanos.
• Acordar la participación paritaria de género en la totalidad de organismos colegiados, sindicales, gremiales, políticos y sociales.
• Acordar que el objetivo central del sistema económico será la sostenibilidad de la vida, produciendo bienestar, asegurando la sobrevivencia, una vida grata y cuidando del planeta. 
• Reconocer y revalorizar la interdependencia de las dos áreas de la economía, la producción de bienes y servicios y la producción de bienestar humano. 
• Recuperar el sentido y el papel del trabajo doméstico y de cuidado, poniéndolo como eje central de la sociedad que queremos y como condición indispensable, aunque no suficiente, para terminar con la desvalorización de las mujeres. 
• Aprobar el principio de la responsabilidad social del cuidado en la constitución, que compromete la participación institucional y comunitaria, así como privada y la responsabilidad de ambos sexos en todas las instancias, reconociendo las dependencias entre personas cuidadas y cuidadores, y diseñando soluciones que no recaigan como responsabilidad de ningún grupo específico: mujeres, abuelos/as, adolescentes, desempleados, familiares empobrecidos. 
• Incluir el derecho al trabajo remunerado con garantía de no discriminación, directa e indirecta, y con igualdad sustantiva en la calidad, condiciones e ingresos entre hombres y mujeres.
• Incluir la garantía de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, poniendo en funcionamiento mecanismos efectivos que puedan terminar con la brecha salarial, en el sector privado y público.
• La seguridad social debiera garantizar la sostenibilidad de la vida a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.
• Incluir el derecho a una seguridad social ligada a todos y todas, efectivamente universal y solidaria, que colectivice los riesgos como el desempleo, la vejez, la enfermedad, la invalidez, los accidentes del trabajo, la maternidad o la pérdida del sostén de familia; y que reconozca el trabajo reproductivo no pagado y las condiciones más desventajosas en las que las mujeres ingresan al trabajo remunerado.